La Constitución Política del Perú ha regulado el derecho al recurso bajo la nomenclatura de derecho a la pluralidad de instancias. Sin embargo, esta denominación equívoca no permite entender por qué algunas decisiones son de instancia única, y en otros casos, genera la percepción de que se puede impugnar al infinito; desconociendo que, siendo una garantía procesal de configuración legal, es el legislador quien puede fijar los requisitos y límites del ejercicio del derecho al recurso. Este ensayo pretende demostrar que la garantía fundamental a recurrir cualquier decisión se colma y satisface con la doble instancia, título que corresponde al derecho a recurrir.