A partir de que nuestro sistema procesal permite imputar cargos a las personas jurídicas, en razón de que sus actividades económicas podrían estar vinculadas a delitos contra la Administración pública (colusión agravada). Resulta relevante elaborar una imputación sólida, proponiendo un marco fáctico y jurídico consistente, así como ofrecer elementos de convicción necesarios, que permitan sustentar su incorporación al proceso penal. De esta manera, se logrará una investigación eficaz y con respeto a las garantías procesales que le asiste como parte investigada.