En el ejercicio de la defensa jurídica de las entidades del Estado ejercidas por las Procuradurías Públicas se presentan una diversidad de contingencias, entre ellas, los requerimientos de pago ordenados por los órganos jurisdiccionales los cuales pueden derivar en multas, denuncias y sanciones que aducen a un incumplimiento a los mandatos judiciales; sin embargo, no se considera que, para el caso de las entidades estatales, dichos requerimiento deben cumplir con un procedimiento establecido por ley, como es la necesidad de programar el pago respectivo emanado de una sentencia judicial. Atendiendo esta problemática, en el presente artículo se abordará la normativa vinculada a los requerimientos de pago y los mandatos emitidos por los magistrados, y se evalúa un posible conflicto normativo respecto de la aplicación del artículo 38, de la Ley 29497, Nueva Ley procesal del Trabajo con relación a lo dispuesto por la Ley 30137, ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.