El estudio dogmático se refiere a la caracterización de los elementos de un "delito", entendiendo por éste una conducta antijurídica típica o específica, culpable y punible. Es importante llevarlo a cabo porque el derecho penal se basa en el binomio delito/pena, en el cual ésta es la consecuencia legítima de aquél.
La corrupción es el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa, o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.
¿Por qué la corrupción es considerada un delito?
Es aquel que atenta contra la administración de las organizaciones estatales las cuales buscan satisfacer las necesidades de interés público y lograr los fines del Estado. Estas infracciones perjudican al Estado por lo que se consideran "delitos de corrupción".
Desde el 2019 hasta marzo de 2022 la corrupción es el principal problema en el Perú, muy por encima de la delincuencia, la pobreza y la falta de empleo, aumento que se ha originado por los actos vinculados al poder político y al cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022, p. 3).
Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.
Ser parte del acto de corrupción, de cualquier tipo que se trate, implica por tanto una trasgresión a las instituciones del Estado y a la convivencia social, la cual deteriora en el largo plazo la confiabilidad de las personas en las instituciones y en las mismas personas que cuentan con el poder público.
¿Cómo podemos desaparecer la corrupción en el Perú?
Fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público exhortando que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad. Endurecer los impedimentos para contratar con el Estado. Sancionar duramente los actos de omisión de función.