El artículo destaca la importancia de establecer políticas criminales ambientales desde el ámbito penal. Se enfoca en la necesidad de supervisión y fiscalización efectiva para prevenir los delitos ambientales con un rol activo desde el Estado. Se subraya la importancia de las acciones coordinadas y los esfuerzos conjuntos a nivel nacional para abordar la problemática ambiental en su diversidad y complejidad, en beneficio del bienestar actual y de las futuras generaciones.