Ante todo, planteamos como premisa que la política criminal del Gobierno no es eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada, y las leyes no son lo suficientemente efectivas para frenar el avance de esta nueva forma delictiva. Las instituciones públicas encargadas de actuar contra el crimen organizado (Ministerio Público, Poder Judicial y procuradurías), ¿cuentan acaso con mecanismos eficaces y efectivos para combatir este delito? Y aquí nos referimos específicamente a las procuradurías públicas en todos sus niveles.