Si bien la defensa jurídica del Estado ha estado presente en la legislación peruana desde mediados del siglo XIX, ya sea bajo la representación del fiscal de la Nación (artículo 133 de la Constitución de 1856) o la del fiscal general administrativo (artículo 97 de la Constitución de 1867); no es hasta el año 1969, a través del Decreto Ley N° 17537 sobre la representación y defensa del Estado en juicio, que se propone el mejoramiento de la defensa del Estado, dotándole de los medios adecuados a la época, presentándose por primera vez la figura de los procuradores generales de la República, quienes eran independientes en el ejercicio de sus funciones en todos los procesos y procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil; y la del Consejo de Defensa Judicial del Estado, conformado por el primer ministro y presidente del Consejo de Ministros, del cual dependerían orgánica y funcionalmente los procuradores generales; aprobándose su reglamento mediante Resolución Ministerial N° 264-84-JUS.