En el Perú, la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos se inserta en la estrategia de represión del sistema penal individual. La regulación existente para la atribución de esta responsabilidad y la determinación de sus sanciones ha sufrido diversas modificaciones, desde el año 1991 hasta el presente. Sin haber aún esclarecido cuál es la finalidad que debe seguir el sistema de responsabilidad organizacional y qué utilidad debe otorgarse a los modelos de prevención de delitos para alcanzar su cumplimiento. La presente investigación plantea ambas interrogantes, a partir de evidenciar una serie de contradicciones en los sistemas que históricamente se han formulado para sancionar a las personas jurídicas. Por lo tanto, se concluye que la falta de claridad en la finalidad otorgada a este sistema de responsabilidad conlleva a la ineficacia de los modelos de prevención de delitos. Este análisis termina con una reflexión acerca de los delitos de corrupción en el Perú.