La trata de personas puede concebirse como un delito socioeconómico ya que se persigue la maximización de beneficios a partir de la mercantilización de la persona. Como tal, la trata de personas converge con otros fenómenos como la corrupción pública, el lavado de activos y la criminalidad organizada, generando sinergias que reducen los riesgos asociados a la actividad ilícita para los que incurren en esta actividad delictiva, incrementan su utilidad y potencian la lesividad respecto a las víctimas. Por ello, es necesario enfocarse en la sanción de este tipo de conductas como efecto disuasivo y, además, en asegurar que esta repercuta en beneficio de las víctimas de trata de personas.