Esta sección del informe destaca la estrecha relación entre personas jurídicas y corrupción, enfocándose en la necesidad de regular la responsabilidad de estas entidades y establecer plazos adecuados de prescripción para casos donde se evade la justicia. Se destaca la preocupación por la existencia de paraísos fiscales, el uso creciente de empresas offshore sin regulación adecuada, y el paso no regulado entre los sectores público y privado, generando conflictos de interés. Además, se aborda la corrupción en procesos de contratación pública, exigiendo transparencia, competencia, y sistemas claros de regulación y sanciones efectivas. Se enfatiza la necesidad de que los Estados tomen medidas preventivas, desarticulen esquemas corruptos, sancionen a los responsables, recuperen activos desviados y reformen las regulaciones institucionales para fortalecer la respuesta estatal y evitar influencias indebidas en la gestión pública.