La corrupción es un mal añejo en la historia de nuestro país,  que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el paso de los años; este cáncer socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el interés colectivo de la sociedad, la justicia, y el desarrollo de nuestra comunidad.

Como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el buen funcionamiento de la Administración Pública, constituye un bien de índole constitucional cuya protección justifica la intervención del Derecho Penal.