Con el propósito de contribuir al desarrollo de una doctrina especializada sobre la figura de la Procuraduría pública y de la defensa jurídica del Estado, el presente artículo se ocupa de la relación entre el principio de proscripción de la corrupción y la defensa de los derechos fundamentales, como un componente del contenido constitucional de la defensa de los intereses del Estado. El texto parte de la doctrina constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional sobre el principio de proscripción de la corrupción, y sostiene que una concreción de dicho principio se realiza a través de la actuación de la institución de la procuraduría pública y su función de defensa de los intereses del Estado. No obstante, el artículo considera que aún se encuentra pendiente profundizar la aplicación del enfoque de los derechos fundamentales a la defensa de los intereses públicos frente a la corrupción. Para ello, el texto trae a la reflexión, algunos esfuerzos avanzados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho constitucional, consistente en la aplicación de la perspectiva de derechos a las políticas y estrategias de lucha contra la corrupción. Finalmente, se utiliza la reciente sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el caso “Punchana” para ilustrar las limitaciones que aún se presentan en el SADJE respecto de la consolidación de un contenido de la defensa de los intereses del Estado, constitucionalmente adecuado.