Existe una preocupación por el incremento de demandas contra el Estado por presuntos errores judiciales, demandas que devienen de presuntas detenciones arbitrarias o imputaciones erradas que han llevado a proceso a diversas personas que luego son absueltas. Esto como derivado de las actuaciones de investigación realizadas por el personal policial con intervención de los representantes del Ministerio Público, siendo el caso que, conforme a lo establecido en la Ley N°24973, se les viene habilitando el hecho de recurrir a la vía civil a solicitar que el Estado las indemnice por sus detenciones arbitrarias y los errores judiciales de los cuales han sido víctimas, siendo el Estado llamado a cubrir dichas indemnizaciones, representado en muchas veces por el Despacho Presidencial o la Presidencia del Consejo de Ministros, llegándose a excluir de dichos procesos al Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial, que en términos generales son los causantes de dichas acciones que perjudican la libertad de los demandantes.