La coordinación entre las/los procuradores públicos y la/el titular de la entidad es pieza fundamental para que las entidades públicas puedan designar adecuadamente árbitros/as. Se debe asegurar una coordinación eficiente entre las/los funcionarios públicos en base a un análisis sistemático de las normas jurídicas que aseguren la mejor elección del profesional más apto para resolver las controversias surgidas con las entidades públicas. Esto generará que el arbitraje, como método de solución de controversias, siga siendo un mecanismo eficiente y se asegure el derecho de las entidades a elegir árbitros.