1 de abril de 2023
En esta edición del Boletín Amachaq, se presentan notas referidas al trabajo de las diversas procuradurías públicas, los cursos y talleres del Centro de Formación y Capacitación de la PGE, y noticias jurídicas de actualidad que, confiamos, contribuirán a enriquecer el punto de vista de nuestros lectores sobre el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE).
En la sección novedades de la Procuraduría General del Estado, destaca el homenaje dado a la Procuradora Pública de Tráfico Ilícito de Drogas, Sonia Medina, por su 20 años de servicio. Resalta, asimismo, la inauguración de la sede de la Procuraduría en Delitos de Corrupción en Lima Norte. Y, por último, la implementación del Sistema Único de Administración de Expedientes en tres procuradurías públicas.
En la sección de acciones institucionales, se señala que Procuraduría General del Estado precisa competencias en casos de extinción de dominio, con el fin de delimitar el ámbito de actuación de la Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio y dinamizar el procedimiento para la transferencia de los casos y/o procesos en materia de extinción de dominio que resulten de su competencia, fortaleciendo así la Defensa Jurídica de los intereses del Estado en dicha materia. Asimismo, se resalta el trabajo realizado por la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal que, mediante cuatro informes, insta a las entidades responsables de cumplir con las órdenes del sistema interamericano de derechos humanos a actuar en consecuencia; sobre todo en lo que respecta a los casos: i) Cuya Lavy y otros vs. Perú, ii) La Cantuta vs. Perú, y iii) Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú.
En la sección de contribuciones desde el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, se hace mención sobre la solicitud de inicio de diligencias preliminares formulada por el Procurador General, Daniel Soria, al Ministerio Público contra cuatro congresistas por, presuntamente, haber hecho un mal uso de fondos públicos durante sus viajes de representación. Asimismo, destaca la denuncia formulada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción contra la exviceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, Rosa Pinasco Vela, por haber incurrido en presuntas irregularidades durante el tiempo que ejerció funciones públicas.
En la sección de actualidad jurídica, presentamos un resumen sobre las leyes y reglamentos más relevantes aprobados durante el mes de marzo. Entre estas, vale la pena llamar la atención sobre la ley que crea la Comisión Permanente Multisectorial para supervisar el proceso de adhesión del Perú a la OCDE, y la ley que modifica la Nueva Ley Procesal del Trabajo y establece reglas puntuales sobre el recurso de casación ante la Corte Suprema. En el mismo sentido, observamos el reglamento de la ley de asignación familiar que brinda una protección especial a trabajadores con hijo/as mayores de edad que padezcan de una discapacidad severa; y el reglamento de la ley de gestión y protección de los espacios públicos que prevé lineamientos generales para una mejor convivencia en espacios urbanos y áreas naturales.
Finalmente, en la sección actividades académicas del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del Estado, resalta el cursillo de argumentación jurídica, dirigido a procuradores de las ciudades de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, y Cajamarca. El dictado del mismo estuvo a cargo de los profesores Betzabe Marciani y Pedro Grandez. Y tuvo una duración de 35 horas. Esta actividad se dio en el marco del “I Curso nacional en destrezas legales aplicadas al litigio estratégico de la defensa jurídica del Estado”. Asimismo, destaca el conversatorio sobre control de convencionalidad en la actuación estatal, que estuvo a cargo de la Dra. Renata Bregaglio, y motivó la participación de más de 400 personas de diversas localidades del país.
Esperamos que la presente edición de nuestro boletín sea de su agrado. Su contenido es, en gran medida, reflejo del importante trabajo que realizan los servidores públicos del sistema de defensa jurídica del estado para promover el Estado de Derecho y garantizar las libertades fundamentales de todos en nuestro país.