La sentencia resalta que, conforme a la Ley N.º 31433 —vigente desde el 7 de marzo de 2022—, la facultad para designar y cesar a los procuradores públicos corresponde de manera exclusiva a la Procuraduría General del Estado. En el caso analizado, se declaró la responsabilidad penal de un abogado que asumió funciones como procurador municipal sin contar con una designación válida emitida por dicha entidad. La decisión judicial reafirma la centralidad de la PGE como autoridad competente en materia de defensa jurídica del Estado y refuerza la importancia de respetar los procedimientos legales en la asignación de cargos públicos.