La Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda interpuesta por Pesquera Pikata S.A. contra el Ministerio de la Producción, mediante la cual solicitaba la nulidad de resoluciones administrativas que le denegaron el derecho a incrementar su flota pesquera por sustitución, tras el hundimiento de las embarcaciones Doña Inés I y Doña Inés II. La Sala determinó que la empresa no acreditó tener la titularidad de las embarcaciones al momento del siniestro, pues las transferencias previas habían sido anuladas judicialmente en un proceso con calidad de cosa juzgada. En consecuencia, se ratificó la falta de legitimidad de la empresa para solicitar derechos administrativos vinculados a dichas naves, descartándose además la existencia de vicios de nulidad en las resoluciones cuestionadas.