En los últimos años el Estado ha sido pasible de requerimientos de cumplimiento de sentencia por parte de algunos órganos jurisdiccionales, derivados de procesos de amparo en los cuales se ordenó la restitución de un derecho fundamental violado; sin embargo, se advierte que existe una distorsión por parte de algunos jueces en la ejecución de las sentencias, lo que hace que se desnaturalice la finalidad de este tipo de procesos constitucionales.