¿Es posible que una o varias atribuciones constitucionalmente reservadas al Poder Ejecutivo sean afectadas y sustituidas por un mandato judicial? Ante dicho escenario, ¿estaríamos frente a un ejercicio indebido de la función jurisdiccional del control y/o supervisión de los actos administrativos y los actos de gobierno del Poder Ejecutivo, que excede su potestad de control y se subroga indebidamente en la competencia delimitada expresamente en la Constitución Política del Perú y la ley a favor de uno de los poderes del Estado?